Después de 20 años los ferrocarriles volvieron al Estado
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, fue acompañada por el Frente para la Victoria (FpV), el PRO, la UCR y el Peronismo Federal. En total fueron 53 votos afirmativos, y dos en contra: Fernando “Pino” Solanas y Norma Morandini. Luego hubo varias ausencias la hora de votar, como las de Rubén Giustiniani (Partido Socialista), Ernesto Sanz (UCR), Adolfo Rodríguez Saá (Peronismo Federal) y Gabriela Michetti (PRO), quien debió atender su compromiso de asistir al canal TN para el debate con Horacio Rodríguez Larreta.
El artículo 1º de la nueva ley declara de interés público nacional la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura y la incorporación de tecnología. El proyecto toma como referencia la reciente experiencia francesa, donde se reunificó todo el sistema ferroviario bajo un “gran holding público”. Ferrocarriles Argentinos será el paraguas para la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) y Belgrano Cargas y Logística. “Se ha planteado como objetivo central lograr una red ferroviaria con logística plenamente integrada al circuito productivo regional y enlaces comerciales a los países limítrofes”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Algunos legisladores llegaron a estimar durante el transcurso del debate parlamentario que las economías regionales podrían beneficiarse con una reducción de sus costos cercana al 80 por ciento, a partir de la reactivación del sistema de cargas.
El Estado argentino recupera la potestad para fijar las reglas de juego en todas las vías ferroviarias operables del territorio nacional. La ley aprobada este miércoles convierte al sector público en el responsable de la planificación, ordenamiento, control y gestión integral del sistema carguero y de pasajeros. La iniciativa habilita la revisión de las concesiones que siguen en pie como resultado del proceso privatizador. Sin embargo, el nuevo esquema no prohíbe que las empresas privadas corran trenes. Las compañías seguirán trabajando en distintos ramales aunque sus contratos serán reconvenidos. Las distintas herramientas contempladas permiten profundizar el rol del Estado en el proceso de transformación iniciado luego de la tragedia de Once, en febrero de 2012. Desde el Gobierno reconocen que persisten desafíos de mediano plazo como la reactivación del deteriorado sistema carguero y el impulso a una desintegrada industria ferroviaria nacional.
Los principales cambios que introduce la nueva ley son cinco: recupera el control de las vías a manos del Estado, pone a cargo del sector público la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes, establece un esquema de acceso abierto a los ramales, habilita la reconfiguración de las concesiones vigentes y define requisitos para los privados que quieran registrarse como operadores.
EL PORQUE DE "HECES DE ARGENTINA"
CON TODO RESPETO A QUIENES HICIERON UN GRANO EN EL ORTO Y NOS HAN OFRECIDO DESDE SU LUGAR UNA VERDADERA LECCIÓN LA VIDA, "HECES DE ARGENTINA" NO INTENTA COPIARLOS, NI IMITARLOS PORQUE ELLOS SON LOS ÚNICOS Y AUTÉNTICOS GRANOS, PERO SI QUEREMOS TRATAR DE OCUPAR UN PEQUEÑO LUGAR PARA QUE NO SE LO EXTRAÑE TANTO...
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, fue acompañada por el Frente para la Victoria (FpV), el PRO, la UCR y el Peronismo Federal. En total fueron 53 votos afirmativos, y dos en contra: Fernando “Pino” Solanas y Norma Morandini. Luego hubo varias ausencias la hora de votar, como las de Rubén Giustiniani (Partido Socialista), Ernesto Sanz (UCR), Adolfo Rodríguez Saá (Peronismo Federal) y Gabriela Michetti (PRO), quien debió atender su compromiso de asistir al canal TN para el debate con Horacio Rodríguez Larreta.
El artículo 1º de la nueva ley declara de interés público nacional la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura y la incorporación de tecnología. El proyecto toma como referencia la reciente experiencia francesa, donde se reunificó todo el sistema ferroviario bajo un “gran holding público”. Ferrocarriles Argentinos será el paraguas para la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) y Belgrano Cargas y Logística. “Se ha planteado como objetivo central lograr una red ferroviaria con logística plenamente integrada al circuito productivo regional y enlaces comerciales a los países limítrofes”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Algunos legisladores llegaron a estimar durante el transcurso del debate parlamentario que las economías regionales podrían beneficiarse con una reducción de sus costos cercana al 80 por ciento, a partir de la reactivación del sistema de cargas.
El Estado argentino recupera la potestad para fijar las reglas de juego en todas las vías ferroviarias operables del territorio nacional. La ley aprobada este miércoles convierte al sector público en el responsable de la planificación, ordenamiento, control y gestión integral del sistema carguero y de pasajeros. La iniciativa habilita la revisión de las concesiones que siguen en pie como resultado del proceso privatizador. Sin embargo, el nuevo esquema no prohíbe que las empresas privadas corran trenes. Las compañías seguirán trabajando en distintos ramales aunque sus contratos serán reconvenidos. Las distintas herramientas contempladas permiten profundizar el rol del Estado en el proceso de transformación iniciado luego de la tragedia de Once, en febrero de 2012. Desde el Gobierno reconocen que persisten desafíos de mediano plazo como la reactivación del deteriorado sistema carguero y el impulso a una desintegrada industria ferroviaria nacional.
Los principales cambios que introduce la nueva ley son cinco: recupera el control de las vías a manos del Estado, pone a cargo del sector público la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes, establece un esquema de acceso abierto a los ramales, habilita la reconfiguración de las concesiones vigentes y define requisitos para los privados que quieran registrarse como operadores.
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